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domingo , 22 de Diciembre de 2024
A contramano del cada vez más pujante país vecino, Brasil, que no para de atraer inversión extranjera de marcas de alta gama como Audi, BMW y Mercedes-Benz, que se radican con modernas plantas en ese país, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el impuestazo a los autos de “lujo”.
Esta ley fija alícuotas diferenciales para estos bienes determinando para un vehículo que tenga un valor de entre $170.000 y $210.000 (aclaramos pesos) una tasa de un 30% y si supera esos montos, del 50%. Este impuesto se aplica independientemente del origen de los vehículos, es decir, no distingue entre producción nacional o importado.
En el caso de las motos, establece una alícuota del 50% cuando su precio sea de más de 22 mil pesos. También abarca a todos los productos considerados “suntuarios” en base a su valor, aunque en realidad afecta a motos de 22 mil pesos, y no por su origen, por lo que también alcanza tanto a importados como a los nacionales.
La iniciativa fue aprobada esta madrugada con 39 votos positivos, contra 18 votos negativos de la UCR y el peronismo disidente, en tanto que hubo 5 abstenciones de FAP-UNEN.
Con una base imponible de 170.000 pesos libres de impuestos no sólo se afectará a automóviles de lujo o suntuarios (minoría) sino también numerosos medios de transporte de familias de clase media (mayoría).
El presidente de la comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, refutó el argumento opositor de la necesidad de incorporar un artículo que actualice el piso de las tasas, al sostener que “el artículo 14 in fine -de la Ley de Impuestos Internos- es el que permite modificar la alícuota”.
A pesar de los esfuerzos de las distintas Cámaras como CIDOA, ACARA o ADEFA advirtiendo sobre las consecuencias negativas del impuestazo, Fernández aseguró que “se concertarán reuniones entre las cámaras del sector y el Ministerio de Economía para evaluar las ecuaciones” una vez que el impuesto esté vigente.
Según explicó, “si la alícuota impacta de modo negativo” se podrá corregir y aseveró que el Gobierno buscará que las nuevas tasas “no impacten sobre las actividades que nos importan y mucho”.
Por su parte, Laura Montero de la UCR rechazó de plano la propuesta del oficialismo al afirmar que se trata de “una medida cortoplacista, parcial e ineficiente” y reclamó “una reforma tributaria integral”. También insistió con que la norma “tiene el error técnico de la falta de actualización” porque, a su entender, puede afectar al sector automotriz.
El PRO, representado por Alfredo De Angeli, expresó su rechazo al proyecto al vaticinar que el incremento establecido significará “el cierre de líneas de ensamble” en las automotrices y advirtió que no habrán empresas que vengan a invertir al país “si aumentan los impuestos”.
Las alícuotas propuestas (30% / 50%), debido al método de cálculo del impuesto, llevan a tasas efectivas del 42,85% y del 100% que se traducen en incrementos de los precios al público de entre el 45% y el 90%.
La iniciativa fue la primera modificación impositiva elevada por el Poder Ejecutivo luego del cambio del gabinete nacional a mediados de noviembre. Aunque fue presentada inicialmente como un aumento que sólo afectaría a las unidades de “alta gama”, empresarios de los sectores involucrados advirtieron que el alcance de la medida excede a los vehículos suntuarios, abarcando a casi el 70% de los automóviles y a motos utilizados por trabajadores cuentapropistas y repartidores a domicilio.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el diputado kirchnerista Roberto Feletti, el aumento significará para el Estado una recaudación adicional de 200 millones de pesos anuales, pero desde las concesionarias alertaron que podría no llegarse a esa meta por el desaliento que la medida representará a la producción y el comercio automotor.
